Contra la corrupción
Según las diferentes acepciones de la RAE, la corrupción es depravar, dañar, pudrir, pervertir… Y estamos en un país corrupto, que ha echado a perder a su clase política, que ha vendido los derechos sociales, que vulnera la Constitución y que es gobernado por gentes sin escrúpulos, capaces de ocultar miles de millones mientras recortan el gasto público en Sanidad o Educación.
Resulta muy preocupante el progresivo deterioro que ha ido experimentando nuestro sistema político. Tan intenso, que las decisiones públicas responden mucho más a los intereses de los gobernantes que a las necesidades de los gobernados. Y, con demasiada frecuencia, el ejercicio del poder se lleva a cabo con elevadas dosis de abuso y arbitrariedad, sin que parezcan existir mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento de las leyes y protejan los derechos de los ciudadanos. En muchas ocasiones, los políticos no cumplen si quiera las leyes que ellos mismos ha promulgado, poniendo en tela de juicio la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Por tanto, no necesitamos unas leyes que intenten modelar la conducta de los ciudadanos sino otras que limiten la capacidad de decisión de los políticos.
Las Administraciones Públicas crecieron en las últimas décadas a un ritmo alarmante, con creación constante de nuevos servicios y empresas públicas, cuya utilidad y necesidad para los ciudadanos resultaban más que dudosas. Y la administración quedó plagada de miles y miles de asesores de los políticos y cargos de libre designación, muy bien pagados, cuya principal cualidad era un obediencia ciega o fidelidad al partido y no una gran competencia profesional. Se eliminaba, de este modo, el necesario control que funcionarios profesionales y competentes pudieran ejercer sobre las decisiones abusivas, arbitrarias o poco conformes con la legalidad por parte de los gobernantes.
Se crearon unas extensísimas y altamente privilegiadas castas políticas, formadas por muchas personas que nunca habían trabajado ni poseían la cualificación personal o profesional necesarias para dirigir los destinos de un país. Unos incentivos incorrectos para dedicarse a la política y unos mecanismos de selección claramente perversos han dado lugar a que muchos cargos políticos de gran responsabilidad sean ocupados por personas poco capaces y de honradez dudosa.
Se ha extendido con todo ello la corrupción o el cobro de comisiones por adjudicación de obras públicas, el enriquecimiento ilícito de algunos políticos por la recalificación del suelo, con la consiguiente pérdida de la limpieza, transparencia y competencia que deben caracterizar a cualquier país desarrollado, con un evidente perjuicio para las empresas que se niegan a participar en tan lamentable sistema y con una repercusión última de estas comisiones irregulares en el precio de las obras, del suelo y de las viviendas, que ha ido pagando el ciudadano. Y este gasto tan desorbitado ha puesto y sigue poniendo en peligro nuestra estabilidad económica y nuestro futuro, en especial el del ciudadano de a pie que soporta a pecho descubierto los rigores de la crisis. Para colmo, cada vez en mayor medida, los gobiernos (nacional, autonómico y municipales) se han ido valiendo de la publicidad institucional y del sistema de concesiones para controlar la prensa y los medios de comunicación, procurando que no se difundan o no se destaquen aquellas noticias que no son gratas o convenientes para los que ejercen el poder. Por suerte, y a pesar de sus intentos, todavía no han podido dominar la gran red de internet, que se mantiene como el último valladar de las libertades.
Somos conscientes de que la causa última de todos estos males se encuentra en un funcionamiento incorrecto de nuestro sistema político, del que han desaparecido casi todos los mecanismos de control del poder que caracterizan a un sistema democrático. Es preocupante observar que en España no existe una efectiva Separación de Poderes y que los principales órganos políticos y de representación (Parlamento, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial) han sido vaciados de contenido pues en ellos no se decide realmente nada: se limitan a ratificar lo que previamente han acordado las cúpulas de los partidos políticos. Finalmente, los partidos acaban ocupando y dominando una buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, usurpando a los ciudadanos muchas de las decisiones que sólo a éstos corresponden. Una de las causas fundamentales todo este deterioro se encuentra en la elección mediante el sistema de listas cerradas, que fomenta un control absoluto de todas las instituciones por parte de las cúpulas de los partidos políticos. Y esto es extensible a las Administraciones Autonómicas y a las Locales.
Es necesario proponer unas reformas urgentes que pongan freno al reparto clientelar de los recursos públicos, limiten la actuación de los políticos reduciendo sus privilegios y establezcan una verdadera Separación de Poderes, que garantice los derechos de todos y devuelva la competencia y la responsabilidad a quien siempre debió pertenecer: los ciudadanos y la sociedad civil. Y, para ello, es necesaria la colaboración de todos. Ante la gravedad de la situación es conveniente actuar con serenidad pero también con firmeza. Y nunca preguntarse ¿qué va a pasar? sino ¿qué podemos hacer?
Desde la convicción de que existen otros métodos y de que las buenas intenciones y el interés general pueden y deben ser la base del poder legislativo y ejecutivo, luchamos contra la corrupción y nos situamos en frente de quienes corrompen y se dejan corromper. Porque en el mundo por el que trabajamos no han de tener cabida los que engañan, roban, pervierten, pudren y vapulean los derechos de todos.
